El sector industrial debe superar constantemente muchos retos de gran envergadura. Algunos relacionados con modernización de tecnologías, captación de profesionales capacitados o inversión en nuevas plataformas. Otros retos, en cambio, tienen que ver con la adaptación a nuevos marcos jurídicos regulatorios y la obligación de pagar nuevos tipos de impuestos, tal como es el caso del impuesto verde.
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En Chile, la fijación del impuesto verde es muy reciente, por lo que las empresas siguen tratando de adaptarse lo mejor posible a esta obligación fiscal.
¿Qué es el impuesto verde y por qué existe en Chile?
El impuesto verde es un instrumento tributario que busca incentivar la reducción de emisiones atmosféricas contaminantes por parte de las industrias. Este impuesto es aplicado por muchos países a lo largo de todo el mundo. El objetivo de tal iniciativa es hacerles pagar económicamente a las empresas por las contaminaciones causadas mediante sus emisiones continuas de gases.
Aunque en muchos aspectos el impuesto verde suele ser visto como un obstáculo industrial, la verdad es que también tiene un impacto positivo en la dinámica comercial. Esto se debe a que, para evitar pagar altos montos por impuestos verdes, las empresas se ven obligadas a actualizar sus tecnologías y a mejorar sus procesos industriales.
En consecuencia, las organizaciones se vuelven más productivas y eficientes, reducen costes y maximizan la utilidad de sus recursos. Por lo tanto, aumentan su competitividad en el mercado.
En Chile, el marco jurídico del impuesto verde se halla en la Reforma Tributaria. En ella, se estableció 2018 como el año en que las empresas debían comenzar a pagar este impuesto con relación al año anterior (2017).
Desde ese momento en adelante, las organizaciones deben pagar los impuestos verdes cada año según sus niveles de emisiones fijas registrados en el año anterior.
¿Por qué monitorizar las emisiones continuas asociadas al impuesto verde?
En Chile, monitorizar las emisiones continuas no es una opción, sino una obligación legal que tuvo sus inicios en 2011, con la entrada en vigencia del D.S. N° 13/2011 por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Este decreto “Establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”.
A partir de ese año, el marco jurídico chileno comenzó a expandir las obligaciones de monitorización de gases hacia otras industrias. Por ejemplo, en 2013 entró en vigencia el D.S. N° 28/2013. Este decreto “Establece Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico”, el cual exige la monitorización continua de dióxido de azufre (SO2).
Por otro lado, más allá de cumplir con estas exigencias legales sobre la monitorización de gases, otra de las razones que las empresas tienen para implementar sistemas de monitoreo es poder calcular cuánto dinero tendrán que pagar en función al impuesto verde. Para ello, evidentemente, tienen que saber cuánto gas contaminante están emitiendo, de aquí la otra necesidad de monitorizar sus emisiones.
En este contexto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) publicó una serie de instructivos en cuanto a la Medición, Reporte y Verificación (MRV) sobre las emisiones. Esto, en parte, para guiar a las empresas sobre las distintas opciones que tienen para calcular sus emisiones continuas, en función de cumplir con el impuesto verde.
Este último aspecto es de crucial importancia, puesto que la forma y la metodología de medición que utilice cada empresa pueden influir en sus montos a pagar. Por lo tanto, es necesario que las industrias evalúen distintas alternativas de medición, incluyendo la comparación de las herramientas tecnológicas a utilizar para tal fin.
¿Cómo cuantificar las emisiones fijas relacionadas con el impuesto verde?
Para cuantificar las emisiones en Chile, las instrucciones de la SMA contemplan, principalmente, el uso de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones o Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS) en las chimeneas. Aunque, para otros casos, también admite el uso de otros mecanismos alternativos.
Sin embargo, según ciertos parámetros de medición, no siempre es recomendable el uso de los CEMS. Esto se debe a que, bajo ciertas circunstancias, estos pueden arrojar valores significativos de incertidumbre de medidas. Con lo cual se verán afectados los cálculos de los niveles de gases y, por tanto, los cálculos del impuesto verde a pagar.
Dado el caso de que los métodos alternativos de medición más recomendables no estén permitidos en las directrices de la SMA, entonces las empresas pueden pagar el impuesto verde sobre el valor de la emisión descontando la cantidad que está asociada a la incertidumbre del cálculo CEMS.
En todo este contexto, al momento de elegir los métodos de medición correspondientes, las empresas deben considerar una serie de factores clave como:
- Los parámetros a monitorizar
- El medioambiente
- La legislación implicada
- Las instrucciones publicadas
- Los sistemas de analizadores de gases
- Las tecnologías disponibles
Así, desde INERCO, recomendamos que el análisis de estos factores sea exhaustivo, con la finalidad de diseñar y desplegar un mecanismo de medición que sea íntegro, fiable y continuo. Esto permitirá obtener resultados más certeros para el pago de un impuesto verde más justo.
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